Este es mi segundo post (por ahora será el último) sobre propuestas que (pienso) deben ser tomadas en cuenta por la próxima Asamblea Nacional en Ecuador. Repito, no estoy participando, ni pienso hacerlo por ahora, para dicha dignidad.
Esta vez las reformas tienen que ver con el sistema judicial, no solo un dolor de cabeza para el ciudadano común cuando le toca enfrentarse (ya sea de acusado u ofendido) a una causa judicial, sino también uno de los factores que ha incidido en la escalada de violencia e inseguridad que vivimos actualmente.
A diferencia de la publicación anterior, esta vez no menciono artículos específicos, puesto que son varias las leyes que rigen y se toman en cuenta en el tema judicial, desde leyes comunes, hasta la misma constitución, pasando por el COIP. Y ni soy abogado para conocer la mayoría de ellas (creo que ningún abogado las conoce todas, sino que se especializa en un área), ni tampoco he tenido tiempo para revisarlas. Así que me enfocaré en ciertos aspectos que me parece deben reformarse, y que de seguro implicarán cambios en varios cuerpos legales. Tampoco abarco todo lo que hay que reformar o mejorar, solo en unos cuantos puntos, que agilizarían un poco la justicia en el país.
Jerarquía de las normas legales en Ecuador. Fuente: Wikpedia.
Sobre las sentencias en casos penales.
Uno de los principales temas de debate suele ser si un sentenciado merece salir con reducción de pena; o si es justo que, teniendo varias sentencias, haya un límite para su acumulación. En ese sentido propongo que se hagan siguientes reformas, en los cuerpos legales correspondientes:
- Reformar el COIP, para que no haya límite de acumulación de penas.
- Reformar el COIP (y/u otra ley que sea necesaria) para que la reducción de pena o prelibertad no aplique cuando el sentenciado tenga más de una sentencia, o cuando sea reincidente en la causa por la que se lo sentenció, o en caso de delitos no prescriptibles (por ejemplo de lesa humanidad).
Sobre el abuso de los abogados en las audiencias.
Quienes hayan estado en un proceso judicial lo saben: muchos abogados defensores (no todos, ni la mayoría) retrasan el tratamiento de las causas, faltando a las audiencias sin justificación (o justificando de una manera irrisoria), para dilatar el proceso, y que la parte demandante termine cansada y desista.
Si bien se contempla que el juez pueda poner una sanción económica a estos abogados, en la práctica no hay el mecanismo para asegurar el cobro de dichas sanciones, y los abogados siguen muy campantes haciendo de las suyas. Por eso propongo:
- Tipificar (si no lo está) como una infracción administrativa el no asistir a una audiencia sin justificación.
- Que estas sanciones apliquen también para la fiscalía (que también a veces se hacen los locos los fiscales, cuando no tienen argumentos para acusar a una persona inocente, o que fue acusada erróneamente, como en el caso de Ola Bini).
- Para los abogados en libre ejercicio, se les de treinta (30) días para pagar las multas por estos motivos, caso contrario se les impida ejercer en cualquier causa, es decir que conste como una inhabilitación. Esto podría aparentemente suponer una dificultad para el cliente, porque tendría que buscar otro abogado; pero implica también que el abogado lo pensará bien antes de hacer esta "mañosería", porque se quedaría sin cliente y con una multa que pagar.
Sobre el abuso de las acciones de protección.
Las acciones de protección, incluidas en la Constitución, debían ser un instrumento para agilizar la justicia; pero se han vuelto un instrumento para dar sentencias rápidas viciadas de inconsistencias e ilegalidades.
Algunas sugerencias para mejorar esto:
- Que las acciones solo puedan ser solicitadas en la jurisdicción local del domicilio de una de las partes. Esto ya consta en la ley (según tengo entendido), pero sería bueno que se ponga como causa para inadmitir la demanda el no cumplir este punto.
- Que se especifiquen sanciones específicas, y fuertes, a los jueces que incumplan con el requisito de la jurisdicción donde se presenta la demanda. Así se lo pensarán dos veces antes de aceptar algo así.
Bonus: Para la protección de jueces y fiscales.
Aunque esto no es precisamente una reforma legal, si puede ser de ayuda a quienes si quieren ejercer su trabajo como juez o fiscal de forma honesta. Se trata de que los jueces y fiscales puedan tener seguridad privada, contratada por la función judicial. Porque, como dice el abogado Felipe Rodriguez, no podemos tener jueces y fiscales suicidas.
¿Cómo financiar esto? No solo con un incremento del presupuesto entregado a la función, sino también con las multas que comentaba para los abogados que dilatan los procesos judiciales.
Si, son varias cosas por reformar, no solo lo que he comentado, pero pienso que ya es un inicio.
